Representantes de organizaciones indígenas mayas demandaron este 13 de febrero que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) cumpla con una sentencia judicial firme y ponga en funcionamiento la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales, cuya creación —afirman— cuenta con presupuesto aprobado desde 2023 pero sigue sin operar.
Durante una concurrida rueda de prensa, líderes comunitarios calificaron la inacción como una “omisión autoritaria” y exigieron acatar la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán que ordenó establecer este organismo para garantizar el acceso efectivo a la justicia electoral de los pueblos originarios.
Un reclamo surgido de procesos electorales pasados
La exigencia deriva del juicio ciudadano identificado como expediente JDC-059/2025, promovido por 21 integrantes de comunidades mayas tras los procesos electorales de 2018 y 2021. En dichos comicios denunciaron exclusión sistemática, simulación de candidaturas indígenas y presunta usurpación de identidades por parte de partidos políticos.
Entre las personas promoventes figuran Juan Efraín Miranda Ontiveros, Silvia Engracia Chan Nieves, Juan Alberto Baas Tec y Hilda Mirna Díaz Caballero, quienes subrayaron que la Defensoría es clave para garantizar que los derechos político-electorales de los pueblos originarios no queden en el papel.
“No queremos una Defensoría de papel”
Durante la conferencia se leyó un pliego de 15 puntos, del cual destacaron cuatro exigencias centrales para asegurar que el organismo tenga impacto real:
Representación auténtica. Que la persona titular y el personal defensor sean de origen maya y preferentemente hablantes de la lengua, para garantizar comunicación directa con las comunidades.
Transparencia y vigilancia ciudadana. Creación de una comisión con participación social que supervise el funcionamiento de la Defensoría.
Autonomía de gestión. Rechazo a que el propio IEPAC designe a sus funcionarios como defensores, a fin de evitar conflictos de interés y asegurar independencia.
Criterios de idoneidad. Que los cargos recaigan en perfiles con trayectoria en la defensa de derechos y no se conviertan en recompensas políticas para exfuncionarios.
Cuestionamientos al Congreso y a las acciones afirmativas
Los voceros también dirigieron críticas al Poder Legislativo estatal. Señalaron que, aunque existen diputados que se identifican como indígenas, dicha representación no se ha traducido en reformas permanentes que garanticen derechos constitucionales para los pueblos mayas.
Asimismo, calificaron las acciones afirmativas como medidas temporales que caducan cada tres años y no solucionan la exclusión estructural. También reclamaron falta de claridad sobre posibles casos de ocupación irregular de curules destinadas a representación indígena.
“¿Dónde está el dinero?”
El IEPAC ha argumentado que los recortes presupuestales han impedido la puesta en marcha del organismo. Sin embargo, los representantes mayas rechazaron esa explicación y recordaron que el Decreto 655-2023 asignó recursos específicos para la Defensoría.
“Si el dinero ya fue aprobado, ¿dónde está ese dinero?”, cuestionaron públicamente.
Recordaron además que la sentencia del tribunal electoral, emitida el 29 de agosto de 2025, determinó que la ausencia de esta institución vulnera los derechos políticos de la población maya, que representa alrededor del 62 % de los habitantes de Yucatán y enfrenta una histórica situación de desventaja.
Presión legal y social continuará
Los pueblos mayas advirtieron que mantendrán la presión jurídica y social hasta que la Defensoría sea una institución real, con sede física, personal capacitado y operación efectiva antes del próximo proceso electoral.