Un video que se viralizó en redes sociales desató una ola de indignación pública al mostrar a la regidora de Cultura de Ocotlán, Silvia Iliana Villarreal, portando a un mono araña sujeto por el cuello con collar y correa durante un evento público. La escena, difundida ampliamente en plataformas digitales, encendió alertas entre ambientalistas y ciudadanos por el presunto maltrato y la posesión ilegal de una especie protegida.
Tras la polémica, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) confirmó que interpuso una denuncia penal, al tratarse de un ejemplar considerado en riesgo según la normatividad ambiental mexicana. El organismo subrayó que la tenencia de fauna silvestre protegida sin autorización constituye un delito federal.
Inspección oficial y versión de la funcionaria
De acuerdo con la dependencia, inspectores federales acudieron el pasado 10 de febrero al Ayuntamiento de Jalisco para verificar la situación. Durante la diligencia localizaron a la funcionaria, quien aseguró que el mono no es de su propiedad.
Según su declaración, el animal “pertenece a otra persona” cuya identidad dijo desconocer y que únicamente se lo pidió “prestado” para la ocasión. PROFEPA indicó que se le explicó la legislación aplicable y se le requirió información que permita ubicar al presunto dueño, quien podría enfrentar responsabilidades penales por posesión ilícita de fauna silvestre.
Fotografía previa contradice su versión
El caso se agravó cuando usuarios detectaron que en la página de Facebook de la regidora existía —hasta hace poco— una fotografía fechada el 25 de julio de 2025 en la que aparece abrazando al mismo mono araña junto a un grupo de amigas. La imagen, que posteriormente fue eliminada, pone en duda la versión de un préstamo ocasional.
Este detalle ha intensificado las críticas, pues sugiere que el contacto con el animal no habría sido aislado ni reciente, sino repetido en el tiempo.
Especie en riesgo y posible delito ambiental
Especialistas recuerdan que los monos araña son primates altamente sensibles, cuya captura y comercialización están vinculadas al tráfico ilegal de fauna, una de las actividades ilícitas más lucrativas en América Latina. Además del daño al ejemplar, su extracción impacta directamente a poblaciones silvestres ya disminuidas.
La investigación ahora busca esclarecer tres puntos clave: quién posee legalmente —o de forma clandestina— al animal, cómo llegó al evento público y quién autorizó su exhibición.
Escándalo político y presión social
El incidente también ha generado cuestionamientos hacia el partido al que pertenece la funcionaria, Movimiento Ciudadano, así como demandas de sanciones ejemplares por parte de organizaciones defensoras de animales.
En redes sociales, miles de usuarios han condenado el acto, señalando que no se trata de una “anécdota” ni de un simple error, sino de un caso que involucra bienestar animal, legalidad y responsabilidad pública