Un nuevo incremento en las tarifas del agua potable, así como en multas y servicios administrativos, comienza a generar indignación entre miles de usuarios en Yucatán, en medio de señalamientos por la deficiente gestión de funcionarios provenientes del viejo aparato político del partido tricolor, hoy “reciclados” en cargos estratégicos sin resultados visibles para la ciudadanía.
Aunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial, las tarifas publicadas en el portal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) reflejan un aumento aproximado de entre el 3 y el 4 por ciento en el cobro por consumo del vital líquido. Este ajuste se verá reflejado en los recibos correspondientes al bimestre enero-febrero de 2026, lo que representa un nuevo golpe directo al bolsillo de las familias y de los pequeños negocios.
El incremento llega en un contexto marcado por el creciente descontento social, alimentado por años de mala administración, improvisación y falta de planeación. De acuerdo con reportes ciudadanos difundidos en medios, redes sociales, grupos de Facebook y en espacios vinculados al propio Pancho Torres, el malestar es permanente y se expresa diariamente.
Más de 40 mil cuentas han manifestado inconformidades por problemas como fugas constantes, baja presión y falta de suministro en colonias de Mérida y en la comisaría de Caucel, donde la crisis del agua se ha convertido en una constante. Mientras el servicio se deteriora, el costo continúa aumentando sin ofrecer soluciones reales.
A este panorama se suma el reciente incremento en diversos trámites y servicios administrativos, como reconexiones, gestiones y otros conceptos, lo que representa una carga adicional para las economías familiares y para el sector comercial, ya golpeado por la inflación y el encarecimiento de servicios básicos.
Aunque la Japay justifica el ajuste bajo el argumento de la actualización anual ligada a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), usuarios cuestionan que el aumento se aplique sin mejoras sustanciales en la infraestructura ni en la calidad del servicio. En muchas zonas, el agua apenas fluye desde la toma principal, evidenciando un sistema rebasado y mal atendido.
En el trasfondo de esta crisis se encuentra, señalan ciudadanos y analistas políticos, la permanencia de viejas prácticas priistas en organismos públicos, donde funcionarios reciclados continúan ocupando cargos sin rendir cuentas ni asumir responsabilidades. Lejos de modernizar el servicio, su presencia ha perpetuado la ineficiencia y la falta de sensibilidad social.
El desempeño de Pancho Torres al frente de la Japay se ha convertido en un problema político de alto costo para los representantes de Morena, quienes ahora enfrentan el descontento ciudadano derivado de una administración que no controlan plenamente, pero cuyos efectos sí terminan pagando en las urnas y en la calle.
De esta manera, el actual director de la paraestatal se ha transformado en un dolor de cabeza tanto para su propio entorno político como para miles de usuarios, cansados de escuchar excusas como fallas técnicas, cortes de energía, incidentes fortuitos o pretextos que ya no convencen a nadie.
El mensaje ciudadano es contundente: no se puede cobrar más por un servicio que no mejora. Tarifas más altas deben ir acompañadas de eficiencia, continuidad y transparencia. Mientras eso no ocurra, la Japay seguirá siendo símbolo del fracaso administrativo y del alto costo que pagan los yucatecos por decisiones políticas equivocadas.

