MÉRIDA (Septiembre 17, 2019).– Pobladores de Flamboyanes, comisaría de Progreso, continúan con la promoción de acciones legales en contra de la empresa Fluidos Peninsulares, y otras firmas “que se han valido de arreglos políticos y económicos para vulnerar flagrantemente la ley ambiental además de provocar un daño en la salud de las personas y la contaminación del medio ambiente”.
También reavivaron las acusaciones contra el ex delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), José Lafontaine Hamui, quien solapó la construcción de la Planta Industrial de Asfaltos, propiedad de la empresa Fluidos Peninsulares.
Además, el ex funcionario federal hizo caso omiso a las disposiciones emitidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y ahora los pobladores sufren los efectos de la contaminación generada por dicha empresa.
Al recordar las irregularidades, se estableció que, en 2015, la Semarnat clausuró la obra, pero Lafontaine Hamui encubrió las operaciones de la empresa y desacató las instrucciones de proceder de manera civil y penal.
De acuerdo con Vilma Flores de los Santos y María Concepción Gómez, vecinas de Flamboyanes, los pobladores son los más perjudicados por la corrupción protagonizada por Lafontaine Hamui, dado que dicha empresa es altamente contaminante.
Además del deterioro de la salud de la población, es notable el daño al medio ambiente, ya que el polígono industrial de Progreso era hábitat de numerosas especies de flora y fauna protegida, y lo peor de todo, están dentro de la Reserva del Anillo de Cenotes.
Permisos ilegales
El ayuntamiento anterior de Progreso otorgó de manera ilegal los permisos de uso de suelo y construcción de la planta de almacenamiento de asfalto líquido, mientras que la Semarnat no dio el permiso para instalarse.
Asimismo, la dependencia federal instruyó a la Profepa a que sancionara y procediera civil o penalmente contra la planta, pero Lafontaine Hamui permitió que continuaran las obras de construcción de dos grandes depósitos de asfalto líquido, producto que se utiliza en la pavimentación de calles y es adquirido, por lo general, por empresas que contratan los gobiernos.
De acuerdo con el expediente 31/MP-0024/05/15 de la Semarnat, el terreno donde se levantó la construcción está en una zona con vegetación propia de la selva baja caducifolia, que es hábitat de flora y fauna protegidas, amenazadas y sujetas a protección especial.
Con el uso que se da al terreno se violan disposiciones del programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán (Poetcy).
En febrero de 2014, Fluidos Peninsulares comenzó la construcción, pero sin los permisos de la Semarnat, motivo por el cual, el marzo de 2015, dicha dependencia federal clausuró la obra.
Para 2015, la empresa solicitó a la Semarnat el Manifiesto de impacto Ambiental (MIA), pero en julio de dicho año, la dependencia no podía dar la autorización porque la obra estaba en proceso y lo conducente eran las sanciones.