Nuevas denuncias públicas apuntan a presuntas represalias laborales y una red de encubrimiento dentro del Hospital Regional Mérida del ISSSTE, ubicado en Susulá. De acuerdo con los señalamientos, una médica habría sido despedida tras destacar por la atención que brindaba a pacientes del área de Urgencias, mientras que un enfermero enfrenta un procedimiento administrativo luego de denunciar una supuesta negligencia médica.
Según las acusaciones, la doctora desempeñaba un papel clave en el funcionamiento del servicio de Urgencias y participó en la atención de un caso que cobró notoriedad durante una visita del director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, cuando una paciente protagonizó un altercado con personal del hospital. Se afirma que la médica intervino para mediar con los familiares y gestionar la atención especializada de la paciente, quien posteriormente fue trasladada a la Ciudad de México, donde presuntamente se le diagnosticó una enfermedad cardíaca poco común.
Las denuncias también sostienen que trabajadores comprometidos con la atención de los derechohabientes serían objeto de represalias por no alinearse con presuntas prácticas internas de encubrimiento y corrupción.
El caso del enfermero, difundido previamente, señala que habría sido víctima de hostigamiento laboral tras reportar una supuesta negligencia ocurrida el pasado 27 de abril, cuando una enfermera presuntamente abandonó a un paciente durante un protocolo de reanimación por paro cardiorrespiratorio (Código Azul). Los denunciantes afirman que existe una constancia oficial de los hechos que habría permanecido sin ser atendida por la dirección del hospital.
Asimismo, aseguran que el trabajador fue cambiado de área, enfrentó restricciones para continuar sus estudios profesionales y fue citado por el Comité de Ética con apenas unos minutos de anticipación para rendir su declaración, situación que consideran una violación a su derecho de defensa.
De acuerdo con la información difundida, las denuncias fueron presentadas ante instancias federales, entre ellas la Secretaría de la Función Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Dirección General del ISSSTE, con el propósito de que se investiguen las presuntas irregularidades.
A estas acusaciones se suma otra denuncia realizada por trabajadoras del Hospital Regional Mérida, quienes reportaron el hallazgo de una cámara de video en un baño utilizado por personal femenino. Según su versión, tras el descubrimiento habrían recibido recomendaciones para no acudir ante la Fiscalía y firmar documentos de confidencialidad, argumentando que el caso no debía trascender.
Las denunciantes manifestaron sentirse vulneradas en su privacidad y solicitaron que los hechos sean investigados por las autoridades competentes, al advertir que entre las personas que utilizan esas instalaciones también se encuentran menores de edad que acompañan a trabajadores del hospital.
Hasta el momento de estas denuncias públicas, las autoridades del ISSSTE no han emitido un posicionamiento oficial sobre los señalamientos, mientras los casos continúan en proceso ante las instancias correspondientes.